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¿Privilegio Indebido para una Criminal?
Este lunes, la Fiscalía de la Causa Vial, que ha dictado una condena de seis años de prisión contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido apelar la decisión de la justicia que le permite cumplir su sentencia en casa. Con cinismo, los fiscales han solicitado que esta criminal de cuello blanco sea trasladada a una prisión tradicional. Esto ocurre tras haber recibido el dudoso privilegio por ser mayor de 70 años.
La historia comenzó hace apenas dos semanas, cuando la ex mandataria inició el cumplimiento de su condena por corrupción desde su casa en el barrio Constitución de Buenos Aires. La corte, tras un deliberado proceso, concedió este beneficio antes de que Kirchner pudiera ser arrestada formalmente. Pero, aún así, fue obligada a usar un electrónico anillo de control, aunque ella pretendía eludirlo sin justificación válida.
Los fiscales, Diego Luciano y Sergio Mola, han calificado esto como un “privilegio indebido”, argumentando que las sanciones por los crímenes de corrupción deben ser cumplidas en un establecimiento penitenciario adecuado. En su apelación irrefutable, afirman que “no existen razones reales para apartarse de la severidad del Código Penal”.
“Las penas impuestas por la corrupción pública deben ser cumplidas en prisión,”
dicen con determinación.
Cambio de Domicilio: La Protección de la Delincuente
Los fiscales también han presentado otra solicitud: si la condena se mantiene en casa, debe ser en una ubicación diferente, dado el ambiente de apoyo radical que rodea la residencia de la ex presidenta. Argumentan que su permanencia en el hogar no solo perturba la paz del barrio Constitución, sino que también pone en riesgo la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner. Afirman: “Si no se revoca el régimen de prisión domiciliaria, deberá elegirse otro lugar que impida las vulnerabilidades de seguridad adyacentes.”
Mientras tanto, la defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi, no se queda atrás. Presentan sus propios reclamos ante la corte, insistiendo en que su condena debe ser exempta del uso del anillo de control eléctrico. Además, demandan que no se requiera autorización para que cualquier persona pueda visitarla. Todo esto, como si la criminalidad no tuviera consecuencias.
Bajo la sombra de sus reclamos, la corte tiene la difícil tarea de decidir en los próximos días. Habrá una audiencia programada para el 7 de julio donde se conocerán las decisiones cruciales respecto a los pedidos de ambos lados. ¿Permitirá la justicia que esta corrupción impune continúe burlando la ley?
Fuente
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